En un reciente pronunciamiento, la Fiscalía General de la Nación ha demostrado la implicación de Sebastián Caicedo Castillo, miembro activo del grupo criminal conocido como «La Inmaculada», en la dirección de amenazas de muerte simbólicas contra una jueza penal municipal en Tuluá, Valle del Cauca.
Los hechos se remontan a una audiencia virtual celebrada el 25 de octubre de 2022, donde Caicedo Castillo, de manera evidente, simuló con sus manos el disparo de un arma de fuego frente a la cámara. Este perturbador gesto fue seguido por otro incidente registrado el 20 de junio de 2023, cuando hizo la señal de la cruz con los dedos, todo ello mientras la magistrada intervenía.
Un meticuloso equipo de fiscales de la Seccional Valle del Cauca y del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, tras exhaustivas investigaciones, confirmó que estos actos generaron un profundo temor en la víctima y su familia, obligándoles a reforzar sus medidas de seguridad personal.
Ante la contundencia de las pruebas presentadas en su contra, Sebastián Caicedo Castillo no tuvo más opción que reconocer su culpabilidad en el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Como resultado, un juez penal de conocimiento dictaminó una sentencia de seis años y seis meses de prisión en su contra.
Actualmente, Caicedo Castillo se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario, cumpliendo una condena previa por el delito de extorsión agravada. Este fallo judicial marca un importante precedente en la lucha contra la impunidad y la protección de quienes ejercen funciones públicas en la administración de justicia.
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